Según datos de Eurostat, dos de cada tres jóvenes en España menores de 34 años residen con sus padres. Esta situación se debe en gran parte a los precios de la vivienda y los alquileres, y la nueva ley de vivienda que el Gobierno y dos de sus socios, ERC y EH Bildu, acordaron pretende paliar. La medida, que fue anunciada por ambas formaciones, amplía el plazo de actualización de los techos de rentas, identifica zonas de estrés, prohíbe a los inquilinos pagar cuotas inmobiliarias y revisa desalojos y okupaciones.
En Finques El Pallars describimos las medidas adoptadas para proteger a los colectivos más vulnerables.
La disposición final quinta, por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir “mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situación de vulnerabilidad”, es uno de los elementos fundamentales de la ley que trata de los desahucios y la okupación. En este sentido, para ser implementado, el nuevo estándar requiere especificar la fecha y hora de lanzamiento.
Además de demostrar que el okupa no es gran tenedor y que el inmueble no es su vivienda habitual, los propietarios deberán justificar su decisión de iniciar el proceso de desahucio. Si el propietario es un gran propietario, debe incluir en la demanda de desalojo información sobre la vulnerabilidad o falta de ella de los «inquilinos». Gracias a una enmienda de compromiso que firmaron el Gobierno y sus socios, estos requisitos pasarán a formar parte de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sin embargo, desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) apuntan que todos estos trámites prolongarán los plazos y aumentarán la inseguridad jurídica a la hora de que el propietario recupere la vivienda, ya que la nueva ley incluye una prórroga de dos años para inquilinos vulnerables, con un aplazamiento de los desahucios y liberaciones hasta el próximo 30 de junio.
